Lucía Pensativa

El debate no debería plantearse como una disyuntiva binaria entre universalidad y condicionalidad. La literatura comparada muestra que los programas más eficaces combinan un piso universal modesto con prestaciones condicionadas específicas. La renta básica como piso garantizado elimina la discrecionalidad burocrática y garantiza la cobertura; las prestaciones condicionadas siguen siendo necesarias para necesidades que el dinero no puede resolver por sí solo, como la vivienda o la dependencia. La pregunta correcta no es «¿universal o condicionado?», sino «¿qué combinación de ambos minimiza la pobreza por euro gastado?».

La universalidad de la renta básica es su mayor defecto: transferir recursos a quienes no los necesitan encarece el programa sin resolver los problemas de quienes sí los necesitan. El coste bruto de una renta básica de 1.200 euros mensuales para cada adulto superaría con holgura la recaudación que puede extraerse de una reforma fiscal realista sin dañar la competitividad. Además, el vínculo entre contribución y prestación no es anecdótico: las prestaciones condicionadas (vivienda, dependencia, infancia) responden a necesidades específicas que una transferencia uniforme no cubre. Un IMV mejorado y progresivamente desfragmentado lograría reducir la pobreza con una fracción del coste y sin los efectos regresivos de financiar con impuestos generales a los percentiles más altos.