Dani Rigor

Una objeción legítima a la renta básica universal es su efecto sobre la negociación salarial: si el Estado garantiza un mínimo vital independiente del empleo, parte del poder de disciplina que mantiene los salarios bajos se traslada a los trabajadores. Pero esto no es un defecto: es precisamente la redistribución del poder de negociación que el mercado laboral español necesita, como muestran los análisis del salario mínimo. El matiz relevante es el ritmo de implantación: una transición gradual que convierta primero el IMV en una prestación individualizada y luego la universalice reduce los riesgos fiscales y permite calibrar los efectos sobre el empleo sin comprometer la sostenibilidad del sistema.

La Renta Básica Universal reemplaza un entramado asistencial fragmentado, caro de administrar y plagado de trampas de pobreza por una transferencia única y predecible. Los datos de los ensayos de Finlandia y de los estudios de simulación fiscal españoles (FEDEA, 2022) sugieren que, financiada con una reforma del IRPF y del IVA, el coste neto es asumible y reduce la pobreza severa en cerca de un 40%. Frente a quienes temen que desincentive el empleo, la evidencia internacional apunta a efectos nulos o marginales sobre la oferta laboral, salvo en grupos muy concretos. Una sociedad con una base de seguridad material garantizada no pierde incentivos para trabajar: los reorienta hacia actividades más productivas y mejor remuneradas, porque deja de castigar la búsqueda de empleo con la pérdida de prestaciones.

La renta básica universal debería sustituir a la mayoría de las prestaciones sociales actuales en España.